Disponible el borrador de la ley de acceso a la información
Ha sido publicado recientemente un borrador de lo que pudiera convertirse en la futura Ley de Transparencia española. Quiere esta ley regular las obligaciones de las administraciones públicas en lo concerniente a la difusión de los datos que obran en su poder y no tiene desperdicio su exposición de motivos, que comienza así:
El reconocimiento y garantía del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública es una práctica de buen gobierno. La transparencia constituye una eficaz salvaguarda frente a la mala administración, posibilita a los ciudadanos conocer mejor y vigilar el ejercicio de las potestades, la prestación de los servicios y el empleo de los recursos públicos y estimula a los poderes públicos a funcionar de modo eficiente. Un gobierno transparente es, por ello, un gobierno que genera confianza y que rinde un mejor servicio a la sociedad.
Access Info, una organización “dedicada a promover y proteger el derecho de acceso a la información en Europa y el mundo”, ha realizado un análisis de este borrador del que me permito copiar (espero que me excusen) las siguientes conclusiones:
Los defectos encontrados en el borrador filtrado a Access Info implican que la ley:
- No afectará a todas las entidades públicas
- No será aplicable a toda la información en manos de la administración
- No garantizará respuestas dentro de un plazo razonable de 15 días hábiles.
Además, entre otros muchos defectos, no reconoce el carácter fundamental de este derecho.
Así, la información que quedará fuera del alcance del público con este borrador incluye:
- Toda la información de apoyo, es decir notas, borradores, opiniones, resúmenes y lo más grave, informes, esto hace que no podamos saber en base a qué se toman las decisiones.
- Estadísticas
- Los Registros públicos, el Registro Mercantil, por ejemplo.
Además la ley no afectará a instituciones como el Tribunal de Cuentas, lo que implica que la sociedad seguirá sin poder acceder a información esencial para poder analizar debidamente la ejecución real de los presupuestos o los informes anuales sobre la financiación de los partidos políticos.
Quien haya seguido esta bitácora tendrá noticia de nuestro enorme interés por este tipo de iniciativas. Que se reconozca el derecho a acceder a la información pública es un paso sine qua non para el desarrollo sano de una sociedad democrática. Pero no queremos obviar la necesidad de que la información, además de estar legalmente disponible, sea fácil de ubicar, fácil de procesar.
