Encuestas electorales: una propuesta
No estoy muy al tanto de la regulación que afecta a la confección de encuestas electorales. Me consta la existencia de algunas normas, como la prohibición de publicarlas durante los últimos días de la campaña. No sé si fiarme de mi memoria a la hora de añadir alguna relativa a cuestiones técnicas, como la de que vayan acompañadas de una ficha metodológica.
Pero, y aunque sea alérgico a la regulación en general, me atrevo a apuntar una modificación que podría tener sus méritos. Está basada en algunas experiencias anteriores. Por ejemplo, la que sugiere este artículo del NYT. En él se cuenta cómo el periódico hizo llegar a cuatro grupos de expertos los datos brutos de una encuesta electoral en Florida. Los resultados obtenidos por esos grupos se resumen en la siguiente tabla:
En el artículo figuran resúmenes de los métodos usados por los distintos grupos. Uno de los miembros de uno de uno de ellos ha escrito más al respecto.
Muchas lecturas pueden hacerse de todo lo anterior. Pero no quiero hacer ninguna. Porque me interesan menos que la de subrayar que el ejercicio pone de manifiesto es cómo el trabajo de campo de recolección de datos por un lado y el de interpretación, modelización y, en última instancia, predicción por otro son dos tareas radicalmente distintas y que perfectamente pueden realizar equipos distintos. El proceso de creación de encuestas electorales sería más transparente y enriquecedor si la comunicación entre los recopiladores de datos y sus posprocesadores fuese explícito y abierto.
Pero, típicamente, ese diálogo se realiza a intramuros de determinadas empresas que todo se lo guisan, todo se lo comen y que solo exportan una tabla con porcentajes y una birria de ficha técnica copipegada de la anterior.
Mi propuesta de regulación de lo relativo a la creación de encuestas electorales consistiría en la prohibición de que una misma empresa realizase simultáneamente las dos tareas indicadas más arriba. Unas podrían solo realizar el trabajo de campo y poner a disposición de terceros (supongo que previo pago) los datos obtenidos (así como toda la información relativa al muestreo, etc.); otras, solo realizar el estudio estadístico basándose en datos adquiridos a alguna de las primeras. De manera que, también, varias de estas últimas pudieran utilizar un mismo conjunto de datos.
Vamos, como sucede en el mercado eléctrico, en el que operan compañías generadoras, distribuidoras y comercializadoras con tareas distintas y con murallas chinas de por medio (¡uy!, el mercado eléctrico, ¿ejemplo de algo?).
¿Qué ventajas tendría esta regulación? Como he dicho antes, las empresas que realizan trabajo de campo tendrían que hacer mucho más explícitos los mecanismos del muestreo y dar información mucho más detallada sobre los datos. Las que realizasen los estudios, igualmente, tendrían que justificar sus resultados para, cuando menos, poder explicar por qué obtienen un resultado X cuando otra gente, con los mismos datos, obtiene Y.
Supongo que todo lo anterior es inviable, que obstan cuestiones de monetización, etc. Yo, no más, lo cuento para que conste que a día de hoy se me ha ocurrido.
